¿En qué situación está en realidad el expediente del desmonte del Alto Aboño en Carreño?

Copiado de internet

Esta mañana escribí un articulín sobre la tomadura de pelo en masa que supone el proceso de gestión del engaño a la ciudadanía en el caso de Trubia, en Oviedo, donde se monta una bullanga orquestada contra un proyecto denegado por la administración local, que impide allí la construcción de un ciclo combinado, mientras quienes se muestran como aguerridos ecologistas dando la lata con un proyecto ya paralizado, no hacen nada en relación con los proyectos que se desarrollan río arriba, que forman parte en realidad de una planificación global que no ha sido impugnada por ellos (incluso niegan públicamente la existencia de esa planificación).

Al no impugnarse la planificación global, cada proyecto se irá ejecutando, uno tras otro, de manera implacable, menos aquellos que paralicen los ayuntamientos, como es el caso de Oviedo.

Las alegaciones que se formulan, proyecto tras proyecto -que sirven para hacer que se hace algo-, se utilizarán en realidad en su momento para justificar que la ciudadanía participó en el proceso, y así se le otorgará una legalidad de la que carece actualmente el proceso global. Este es un caso preclaro de cómo hacer parecer que alguien se opone a algo, cuando en realidad lo impulsa.

Un ayuntamiento, como el de Carreño, puede paralizar un desmonte en su territorio, con absoluta seguridad, si desde el primer momento se opuso a las pretensiones de la Autoridad Portuaria de Gijón. Ese desmonte tiene que responder a una planificación que la Autoridad Portuaria de Gijón tiene que tramitar, a su vez, obligadamente, en Carreño y en el Principado. La licencia es el final del proceso. Nadie se lo puede imponer, salvo que las cosas estén en realidad en una fase avanzada de la que no se esté informando.

Lo que no parece razonable es que el Ayuntamiento de Carreño pretenda paralizar el desmonte del Alto Aboña, amparándose en no se sabe qué discusión sobre el informe de impacto ambiental, si previamente no paralizó el proceso, en su propio ámbito, negándose a dar las primeras autorizaciones administrativas y modificaciones de planeamiento en el ejercicio de sus competencias.

El problema suele ser otro. El problema, cuando un ayuntamiento "está obligado" a dar la licencia -como he visto que dice el alcalde en prensa-, suele tener que ver con que el intento de paralización de lo que sea se produce cuando se organiza un follón público, pero el expediente, administrativamente, ya fue más allá del punto de no retorno, y es entonces cuando no hay nada que hacer, salvo probar que no hubo información, y ahí sí que hay camino. Pero ese camino no lo puede recorrer el ayuntamiento, sino los ciudadanos.

¿Por qué no sabemos cómo está en realidad tramitado en Carreño el expediente de ese desmonte de Aboño? ¿Por qué no se ha pedido "toda" la información? ¿Qué autorizaciones tiene la Autoridad Portuaria para su planificación portuaria en Carreño, y qué administraciones las dieron? Leo en la prensa que "no se sabe para qué se quiere hacer ese desmonte", aunque todos nos lo podemos suponer. ¿Por qué no pide alguien el expediente completo, en Carreño, en Gijón y en el Principado, y nos lo cuenta, y así ya sabemos todos de qué hablamos?

Acusar a la Audiencia Nacional de ser la responsable de autorizar el desmonte del Alto Aboño es el colmo del despropósito, pues lo más probable es que la Audiencia Nacional se haya limitado a decir que el Ayuntamiento de Carreño le trasladó unas pretensiones inasumibles. Es el colmo de la cara. Se pide lo imposible y luego se le echa la culpa al que dice que lo imposible es imposible.