Nota de Prensa de UICA

Los argumentos del PSOE de Carreño contra el acuerdo plenario de fecha 25-9-2014 por el que UICA votó a favor de la aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 2159-2014 de 30 de mayo y a instar a devolver el IBI cobrado como urbano sobre fincas rusticas no sectorizadas, son del todo irrazonables.

Estos argumentos suponen que el contribuyente tiene que conformarse con una situación ilegal “por los siglos de los siglos” al menos hasta que la Administración decida hacer una revisión del catastro o en su defecto iniciar los correspondientes  procedimientos administrativos y judiciales para instar la nulidad de las actuaciones administrativas y poder con el transcurso de los años obtener la devolución de lo pagado como urbano en lugar de rustico.

Esto nos lleva a una  importante reflexión, y es  que no tiene las mismas consecuencias una sentencia del Tribunal Supremo para el contribuyente que para la Administración.  Una única sentencia del Tribunal Supremo afín a las tesis administrativas permite a la Administración, desde los principios de autotutela y ejecutividad de sus actos,  basarse en ella para desestimar las pretensiones del contribuyente. Sin embargo cuando una sentencia del Tribunal Supremo beneficia al contribuyente, la Administración puede alegar que, ante la falta de reiteración judicial, la misma no sienta jurisprudencia, y así retrasar durante años su aplicación.

Y a una segunda reflexión, desde el PSOE no existe voluntad política alguna de   beneficiar  los intereses de los vecinos afectados,  toda vez que en lugar de estudiar los mecanismos necesarios para proceder a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, decide ignorarla y recurrir en reposición.

Joana Canals Ibáñez

Portavoz de Unión Independiente de Carreño