Mientras unos dimiten, otros se burlan de todos

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, no debería cantar victoria con los archivos de las querellas decretados por el Tribunal Supremo respecto a un presunto delito de cohecho en la denominada por los acusadores, operación Permuta. De momento, el ex ministro se marchará de vacaciones con una nueva querella que fue presentada el pasado viernes en el Alto Tribunal por la Asociación Ciudadanía Anticorrupción, que dirigen el abogado Antonio Panea y Javier Sotos.
El nuevo escrito acusatorio, que puede dar un giro de 180 grados a la operación Permuta de Bono, es contundente, claro y de indubitado carácter probatorio. Se basa en los certificados emitidos por el Registro de la Propiedad número 2 de Estepona (Málaga), cuyos asientos gozan de la presunción de veracidad y son objeto de protección, por imperativo legal, de juzgados y tribunales.
Un simple análisis comparativo de las certificaciones del registro demuestra que el propietario de la inmobiliaria Reyal Urbis y Construcciones Reyal SAU, Rafael Santamaría, vendió áticos en la urbanización de lujo Las Náyades, de Estepona, por un precio más caro a sus hijos que a su amigo Bono.

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